A excepción de China y tal vez India, poseen una población lo suficientemente grande como para consumir todo el alimento producido, los países deben importar y exportar productos de primera necesidad para abastecer tanto sus mercados como los mercados internacionales. Maíz, trigo, frutas, carnes y pescado son los actores principales del frágil equilibrio mundial de la oferta y demanda de alimentos. En este escenario, fue la acuicultura la actividad llamada a suplir la creciente y sostenida demanda de proteína animal para las próximas décadas, y gracias a esto, muchos países con economías emergentes han visto una gran oportunidad para crecer de la mano de una producción que debe ser por obligación sostenible y sustentable. Es aquí donde comienzan los desafíos, ya que en estos tiempos el consumidor final tiene el acceso total a la información de como se ha producido el bien que está a punto de adquirir, y, además, tiene una tendencia cada vez más acentuada a elegir aquellos productos con mayor transparencia en todo su camino, desde la granja hasta la mesa.
Amigable con el medio ambiente o de bajo impacto ambiental, sin rastros de GMO, sin trazas de antibióticos o componentes cancerígenos y con un alto nivel de bienestar animal en el proceso completo, son algunas de las exigencias de los a nivel mundial. Esto obliga a los países productores a enfrentar los desafíos que la industria global les propone, y a cambiar sus formas de trabajar creando, cambiando o adaptando sus leyes; buscando alternativas para sus materias primas e insumos; construyendo o fortaleciendo infraestructura; renovando y modernizando sus granjas de reproducción, producción y plantas de faena; adquiriendo, adaptando o creando tecnología de apoyo para optimizar los procesos; mejorando la genética de sus animales en centros de investigación; aumentando la oferta de sus instituciones de formación profesional y técnica; entre otros muchos aspectos. Todos estos cambios, no se hacen de la noche a la mañana, y obviamente no son voluntarios (aunque sí deberían serlo). Es regla, que la producción y la demanda por la misma se muevan mucho más rápido que los cambios necesarios que deben implementarse para que dicha producción sea sostenible y sustentable, y es por eso que muchos países alcanzan su techo mucho antes de lo imaginado.
La normatividad es el primer desafío para los productores emergentes, ya que puede ser, sin lugar a dudas, la principal artífice de una producción exitosa y duradera, o la causa del estancamiento de la actividad. Es muy importante que, a la hora de crear las leyes, los legisladores, además de estar asesorados por un equipo técnico multidisciplinario, vean a la acuicultura como una actividad económica independiente muy distinta de cualquier otra. Comúnmente nos podemos encontrar con la acuicultura siendo tipificada o siendo estrechamente relacionada con la industria agropecuaria o la zootecnia, esto hace que sea legislada y fiscalizada erróneamente. Es allí, donde la producción acuícola empieza a enfrentarse con escenarios complejos de normativas provenientes de distintos ámbitos, que se cruzan entre sí entorpeciendo el crecimiento de la actividad, y de reglamentaciones que en vez de fomentar la producción local, favorecen a las importaciones de productos más baratos, desincentivando a los productores. Un ejemplo claro de esta situación está en Colombia, en donde la cría de Tilapia es fiscalizada por distintas y muy variadas entidades nacionales, regionales y locales; a esto se le suma, la existencia hasta hace poco tiempo de decretos que protegían los monopolios existentes de semilla y huevos al considerar, tanto a la tilapia como a la trucha, especies invasoras e impedían el ingreso de nuevo material genético. En Costa Rica por ejemplo, se da el caso que debido a la rigidez de las normativas los pequeños y medianos productores ven complejo el camino a legalizar sus instalaciones, y el desánimo es mayor cuando carecen de leyes que protejan la producción local. El panorama se puede complicar aún más, en países como Argentina, en donde los gobiernos federales, permiten a cada provincia redactar sus propias reglas, que pueden ser interpretadas de distintas maneras por los funcionarios de turno en cada delegación. De la misma manera, la reinante desinformación acerca de la acuicultura en estos países hace que corrientes ambientalistas creen campañas en contra de la actividad constantemente. En contraste a lo anterior, está Chile, cuya Subsecretaría de Pesca y Acuicultura rige la actividad desde el año 1976, y desde el año 1991 posee una ley clara y específica encargada de regular ambas industrias. ¿El resultado? La Acuicultura en Chile creció muy rápida y sostenidamente, hasta llegar a ser el segundo mayor productor de salmónidos del mundo. Argentina nunca ha sobrepasado las 4000 toneladas anuales (apenas 56 son de Tilapia), Colombia, a pesar de ser uno de los principales exportadores de tilapia al mercado estadounidense (más de US$51.000.000 según DANE Colombia, 2018), se debate constantemente ante la falta de material genético que le permita ser más eficientes, utilizar menos recursos y generar menor impacto ambiental, y Costa Rica ha visto como su producción ha decaído de 23.000 toneladas en el 2010 a 16.000 en el 2017 (Fao, 2019).
